La Red Federal de Derechos Humanos realizó el día 7 de diciembre, en Avellaneda, su octavo Encuentro Federal de Derechos Humanos. Como cada año desde el 2017 nos volvimos a encontrar para debatir, planificar, proponer y trazar un diagnóstico común, con una mirada federal, de lo que pasa a lo largo y ancho de nuestro país en materia de DDHH.
También nos encontramos para abrazarnos y reivindicar la solidaridad, la sensibilidad, la construcción colectiva. Como nos enseñaron las Madres, las Abuelas y Familiares cuando en el peor momento de nuestra historia comenzaron la larga lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Este año nos reunimos en las comisiones de Archivos y Espacios de Memoria, Discapacidad, Seguridad Democrática, Cultura Comunicación y Derechos Humanos, Personas Adultas Mayores y Derechos Humanos, Violencia Institucional, Diversidades, Juicios de Lesa Humanidad, Salud Mental y Derechos Humanos, Pueblos Originarios, Universidades, Identidad y Trabajo y Derechos Humanos.
El 2024 nos encuentra frente al mismo modelo económico que arrasó a la Argentina en la década del 70, en los 90 y en los 4 años de gobierno macrista. El gobierno está enfrentado a las reivindicaciones que son el faro de cada una de las comisiones que hoy se reunieron en este nuevo encuentro. Reivindicaciones que han sido construidas durante años y de manera colectiva. Este gobierno y sus dirigentes reivindican el racismo, el machismo, el negacionismo, la discriminación, la violencia y el individualismo, impugnando los valores de solidaridad, justicia social, compromiso. El Presidente Milei se jacta de estar haciendo el mayor ajuste de la historia. Su patota digital se burla en redes sociales de las víctimas del ajuste. Jubilados y jubiladas sin remedios tratan de sobrevivir, trabajadores y trabajadoras son despedidos de sus laburos, familias enteras son arrojadas a la extrema pobreza. Estas son sólo algunas de las consecuencias de esta nueva ola neoliberal. El saqueo de nuestros recursos naturales escondido detrás de una sigla llamada RIGI, la concentración de la riqueza, el debilitamiento del rol del Estado y el indigno alineamiento internacional no son novedad. Menos derechos, más mercado fueron los pilares de la Argentina para cien familias de principios del siglo XX que reivindica Milei, también fueron los pilares de la restauración oligárquica de 1955 (cuando también era política pública la obsesión por cambiar nombres de obras realizadas por gobiernos populares). Menos derechos y más mercado ha sido la verdadera razón de la proscripción del peronismo durante 18 años.
Y sobre esas premisas se produjeron las torturas, desapariciones y el robo de bebés durante la última dictadura militar, reivindicada ni más ni menos que por la actual vicepresidenta de la Nación.
En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Ajuste, hambre y represión que llevarán a nuestro país a un nuevo fracaso, como la Argentina de los 90 que explotó por el aire en Diciembre del 2001, dejando un tendal de muertos por la represión. Los bombardeos y los fusilamientos del 55, así como los Centros Clandestinos de Detención y los vuelos de la muerte en los 70, fueron la reacción brutal del poder a la ampliación de derechos; ese es el legado del actual " protocolo anti piquetes" y de la nueva intentona de involucrar a las FFAA en seguridad interior. En eso están Rambito y Rambón: Patricia Bullrich, quién todavía no ha ido al banquillo para explicar las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y Luis Petri, que pasó de reivindicar a Alfonsín y el Juicio a las Juntas, a disfrazarse de militar para reivindicar el Operativo Independencia.
La derecha siempre tiene los mismos objetivos. Cambian, según la coyuntura, sus herramientas para disciplinar al Pueblo y sus dirigentes. El atentado fallido a Cristina y el intento de proscribirla a través del Lawfare son, en definitiva, las herramientas del Poder económico para disciplinar y castigar al Pueblo Argentino y son las herramientas para borrar del mapa a la dirigenta política que abrazó con más fuerza nuestras reivindicaciones.
Mientras tanto, nosotros y nosotras nos reunimos nuevamente para, desde lo colectivo, seguir construyendo el legado del movimiento de DDHH argentino. Ese legado que Néstor y Cristina transformaron en políticas públicas y pusieron a la Argentina como ejemplo mundial en DDHH. Nuestro legado es del Pueblo Argentino. Nuestra construcción es colectiva, esa que hace que no puedan liberar genocidas como prometieron. El camino de las Madres y Abuelas, continuado por los HIJOS, que por más demoras que ponga el Partido Judicial, hace que continúen los juicios, por más "lágrimas de zurdos" que tuitée Milei.
Nosotros y nosotras, cada comisión, cada militante, estamos de pie. Con el amor a la Patria, a nuestro Pueblo, desde el dolor que dan estos tiempos de retrocesos pero con la esperanza de ir siempre por más. Hay una legislación internacional en DDHH que respalda el trabajo que ha hecho cada comisión y hay derechos ganados por la lucha pero sobre todo hay una llama sagrada que nos dejaron los 30 mil, que continuaron las Viejas del Pañuelo y que debemos transmitir a las nuevas generaciones.
Memoria, Verdad y Justicia para nuestro Pueblo.
Libertad a Milagro Sala
Paren el genocidio en Palestina
Juicio y Castigo a los autores intelectuales y materiales del atentado a Cristina.
No a la destrucción del Estado
No al vaciamiento de las políticas de derechos humanos
No a los despidos masivos en la Secretaría de DDHH
Red Federal por los Derechos Humanos
A continuación, las conclusiones consensuadas en cada comisión:
Comisión de discapacidad
A través de dos paneles, se hizo un repaso sobre la situación actual de los derechos humanos de este colectivo durante el gobierno de Javier Milei.
Tomaron parte el Diputado Nacional Daniel Arroyo; la coordinadora de Discapacidad de la Defensoría CABA, Mely Garbini; la representante de la sociedad civil ante la OEA, Celeste Dimeglio; el coordinador de discapacidad de Nuevo Encuentro, Gustavo Goyochea; la referente de discapacidad del Movimiento Evita, Violeta Erce y la representante de la Asamblea Discas en Lucha, Maibe Fernández.
El gobierno de Milei es cruel y perverso con las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad están en peligro ante el embate de políticas públicas que recortan pensiones, quitan prestaciones, desfinancian programas y estigmatizan a este colectivo. La Agencia Nacional de Discapacidad está en peligro, ante la destrucción del estado que encara el Ministerio de Sturzenegger. Para el año próximo, 177 mil personas con discapacidad van a perder su pensión no contributiva, por lo cual perderán el programa Incluir Salud y el acceso a terapias, medicamentos y prestaciones.
Otras medidas que se han impulsado este año fueron:
• La desregulación del transporte.
• La pauperización de los aranceles que financian las prestaciones.
• La estigmatización de las personas con discapacidad.
• La burocratización de los trámites.
• El rechazo a nuevos certificados de discapacidad.
Los conceptos más utilizados durante los debates fueron peligro, amenaza, muerte.
Se propuso dar visibilidad a la situación actual, promover espacios de participación, lograr que más compañeras y compañeros se sumen a la participación política.
Finalmente, se resolvió impulsar el proyecto de la nueva ley marco en discapacidad que se presentó el 3 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación, que recoge los aportes y propuestas que nutrieron diferentes iniciativas legislativas.
Comisión de Seguridad Democrática. “La construcción de un nuevo acuerdo democrático de seguridad”
Ejes planteados para el debate en comisión:
a) Fuerzas policiales:
- Especialización en la investigación en función judicial.
- Despliegue estratégico de los recursos de vigilancia en los territorios.
- Sindicalización y democratización de sus estructuras.
b) Justicia penal ¿Qué factores explican esta sensación de falta de respuesta y cómo podría reorientarse su actuación en un sentido más estratégico?
c) Las tecnologías aplicadas a la seguridad ¿Qué potencialidades y riesgos podemos identificar y cómo nos preparamos para esto?
d) Víctimas ¿Qué cambios han resultado positivos y cuáles han creado nuevos problemas? ¿Cómo podemos pensar una agenda actual para las víctimas?
e) Criminalidad organizada ¿Cuáles deben ser las directrices para la creación de organismos o agencias capaces de intervenir sobre este problema?
f) Ejecución Penal ¿Cómo han impactado estas experiencias en la cárcel y qué clase de reformas de la política penitenciaria podemos imaginar hoy?
Conclusiones:
1. Dar la discusión interna, dentro del campo nacional y popular, sobre cómo frenar el avance de la derecha en los temas de seguridad mediante una agenda propositiva.
2. Fomentar la articulación entre las agencias estatales de los niveles nacional, provincial y municipal, reconocimiento las competencias, recursos y potencialidades de cada actor, para saldar la deuda en materia de seguridad que hemos planteado como proyecto político.
3. Tenemos que poder pensar un modelo de Estado eficiente y eficaz, adecuado a las nuevas demandas y contextos, y superador de las burocracias. Para poder mejorar los procesos de gestión es necesario caracterizar los nuevos escenarios institucionales, marcados por la multiplicidad de canales de mando, lo que resulta transversal a todo el Estado argentino, lo que deriva en un proceso de burocratización.
4. Debemos utilizar la creatividad para pensar formas innovadoras de dar respuesta a las demandas sociales y los problemas de seguridad cotidianos que afectan a la población.
5. Es necesario discutir la sindicalización de las Fuerzas de Seguridad: condiciones de trabajo, régimen disciplinario, carrera, profesionalización y salario de las y los trabajadores de las Policías y las Fuerzas de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
6. El acuerdo de seguridad democrática es un valor que está altamente cuestionado en el contexto actual. Cada punto de ese acuerdo está siendo sujeto a modificaciones y retrocesos.
7. Es necesario generar políticas públicas que asistan a las víctimas, a partir de un replanteo de los mecanismos de reparación integral para hacerlos efectivos. Pensar en acciones que no tengan como única respuesta la participación en el proceso penal.
8. Necesitamos reflexionar sobre quienes están siendo encarcelados, por qué se los encarcela y cómo se lo hace, poniendo de relieve la ineficacia del encarcelamiento masivo para contener el delito. Para eso es necesario contar con herramientas para abordar la reinserción social cuando son liberados/as.
9. Acordamos en la necesidad de reformar el Régimen Penal Juvenil ya que el sistema actual resulta vetusto e incompatible con los compromisos internacionales y el marco de los Derechos Humanos, al mismo tiempo que obstaculiza el desarrollo de una política criminal eficaz en relación con el delito y las violencias juveniles.
10. Deben impulsarse medidas que tiendan a invertir la selectividad del Sistema Penal, digiriendo los recursos de persecución hacia la criminalidad económica organizada.
11. La selectividad del sistema penal es una característica estructural discriminatoria que ha sido evidenciada por numerosas investigaciones. Las distintas leyes que impulsa el gobierno actual apuntan a fortalecer esa selectividad. Percibimos en el contexto actual un recrudecimiento de la selectividad penal hacia sectores sociales vulnerables y, en particular, hacia la comunidad Travesti-trans.
12. Debemos repensar la creación de policías municipales o locales. La descentralización del sistema policial no implica crear guardias urbanas, se pueden crear 3 niveles de policías y rediscutir funciones, competencias, etc.
13. Frente a la deficiencia en los sistemas de administración de justicia provincial y federal, es necesario repensar la estructura de cargos judiciales, vacancias y cantidad. Como así también el vínculo con las fiscalías y crear ámbitos como mesas de política criminal que permitan una mayor articulación. Existen experiencias de buen funcionamiento.14. Estamos en contexto de un gobierno de Milei donde hay una inseguridad innegable. Es importante poner el foco en el delito económico organizado. Hay que trazar diferencias en escala en la problemática de seguridad. A nivel nacional hay muchos desafíos. El acuerdo de seguridad democrática debe pensar específicamente la intervención sobre los delitos económicos organizados.
Comisión de Cultura, Comunicación y Derechos Humanos
Moderadora: Cynthia Ottaviano
Expositores: Marcelo Subiotto
La Inca
Coordinadora: Lola Berthet
Relatora: Bárbara Compte
En las exposiciones se identificaron problemas que marcan esta época en profunda movilidad y cambio que nos obliga a repensar todo el tiempo:
La estigmatización, la fragmentación, la inmediatez (todo es un aquí y ahora), la segmentación en nuestras burbujas virtuales y sociales. Falta de contacto real con los otros, la digitalización de los vínculos con sus lógicas tecnológicas. La tiranía de los algoritmos, los discursos de odio y de crueldad desde los poderes concentrados.
¿Qué hacer? ¿Cómo posicionarse desde los espacios de lucha populares? Entender la cultura y la comunicación como un espacio dinámico de lucha, emancipación y poder permanente. Entenderlas como un derecho humano. Encontrarnos, “tomar el cielo por asalto”, “tomar la cultura por asalto”, recuperar la ética, la estética de lo que hacemos.
El arte que vuelva a ser una práctica social que se vincule con el pueblo, la cultura no se puede acallar, hay que hacerla en la calle. Cambiar cierta mirada clasemediera y hacerla más popular y federal. Multiplicar las experiencias comunitarias: teatro, arte cine, y amplificarlas.
Construir un lenguaje más sencillo, directo, que conecte con las demandas, los proyectos y las necesidades concretas de nuestra gente. Poner en valor los medios universitarios. Recuperar el concepto de comunidad organizada en los idearios filosóficos de Perón.
Pensar, pensarnos cómo construimos otras narrativas, otros sentidos, sentidos de identidad, de pertenencia. Necesidad de volver a recuperar el concepto de estado, volver a golpear las puertas de la comunidad, armar redes. Recordar que la división es la puerta de la derrota. Necesidad de volver al humanismo. Volver a preguntar cómo estamos. Construir mensajes de amor a la patria, a lo colectivo. La certeza de que hay luz al final del túnel. Ser menos espectadores y más protagonistas, apropiarnos del tiempo, no negociar la lealtad. Poder articular el movimiento que viene de abajo con el proyecto político y la conducción. Abandonar la dicotomía entre las redes sociales y la militancia territorial. Crear soberanía tecnológica, promover una internet ciudadana, con reglas claras. Poder ser capaces de disputar las nuevas territorialidades digitales y al mismo tiempo ser capaces de construir territorialidades puerta a puerta. No reproducir la agenda discursiva de las derechas para poder armar marcos narrativos propios. Articular la palabra con la acción. Construir y poder representar las demandas de nuestro pueblo.
Mociones/repudios
-Repudiar el accionar político del gobierno de Milei contra la educación, la cultura y la comunicación entendida como derecho humano.
-Repudiar el vaciamiento de los medios públicos del gobierno Milei. Defender y recuperar RTA, y todos los Contenidos Públicos. TELAM, ARSAT, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Federalizar la pauta a los medios comunitarios.
- Repudiar el vaciamiento del INCAA y la destrucción de la industria audiovisual.
-Repudiar la estigmatización de actrices, actores, periodistas, comunicadores, productores, directores que forman parte de nuestra cultura y comunicación.
-Necesidad de denuncia internacional en organismos multilaterales.
-Repudiar el ataque y la invisibilización a los pueblos originarios y el genocidio al pueblo palestino
-Libertad a Milagro Sala
-Repudiar el Lawfare y la persecución mediática y judicial a la compañera Cristina y a los dirigentes kirchneristas
-Repudiar el intento de femimagnicidio de Cristina. Condena a los autores materiales e intelectuales del atentado.
Personas Adultas Mayores Y Derechos Humanos
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Sabemos que las palabras son performativas: crean realidad. Por otra parte, los íconos e imágenes constituyen un medio de comunicación absolutamente efectivo en esta cultura de la inmediatez. Por tal motivo resulta de vital importancia el cuidado en la selección de las imágenes con que se representan a las Personas Adultas Mayores (PAM), y más aún la elección de las palabras con las cuales se nos pretende definir. Íconos o imágenes como las de mujeres encorvadas con polleras largas, rodetes y bastones, en absoluto muestran la silueta de las mujeres mayores del siglo XXI. Estas mujeres, muy lejos de aquellas, usamos jeans, bikinis, faldas cortas y nos queremos vivas, libres y desendeudadas, y eso lo tenemos muy claro y lo militamos desde jóvenes, y ahora junto con nuestras hijas de los pañuelos verdes. Términos como “viejos” “vejez” o “envejecimiento”, si bien se encuentran popularizados o aceptados por la academia, no dejan de ser palabras asociadas con una mirada que apela al deterioro de la persona y la objetiviza, impidiendo la apelación a las virtudes y potencialidades de una etapa de la vida en que la persona goza de un tiempo liberado que le permite desarrollarse como sujeto, con una mayor posibilidad de goce que durante su etapa laboral. La expectativa de vida ha evolucionado y ello conlleva una extensión de la vida productiva más allá de la tarea laboral. Por tanto no se trataría de una producción para la plusvalía... Esa evolución debería proveer la oportunidad de desarrollar las potencialidades de las PAM por su propio placer y en beneficio de la cultura y del bienestar social.
INVISIBILIZACIÓN
El tutelaje y la infantilización de las Personas Adultas Mayores (PAM) forman parte de una invisibilización del sector como política. Al ser consideradas como “sujetos pasivos” meros receptores de políticas públicas, las PAM resultamos excluidas de la actividad social. Los medios de comunicación masiva inundan la historia política y saturan con información sin contenido, impidiendo la toma de conciencia social sobre la realidad que vivimos las PAM, quienes debiéramos ser consideradxs como sujetxs activxs, titulares de derechos. El desconocimiento de los derechos de las PAM retarda y aísla los reclamos del sector, lo que favorece la invisibilización provocada, creando un círculo vicioso que deriva en la constante pérdida de derechos adquiridos que son hoy moneda corriente.
AUTOPERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Para el capitalismo y las políticas neoliberales y neofascistas, las Personas Adultas Mayores representamos un gasto difícil de sostener. Sólo se reconocen a aquellas personas mayores queesultan sujetos de consumo en los nichos de mercado que atienden sus necesidades. De esta manera las PAM nos convertimos en favorecedores de la industria farmacéutica en la medida en que se fortalecen paradigmas medicalizantes o bien, como consumidores de aquellos productos que se inspiran en la que se ha dado en llamar “economìa plateada”, de amplia difusión en países con mayor ingreso per cápita en servicios de la seguridad social. Los representantes que ocupan espacios de poder difícilmente se autoperciban personas mayores. Esta falta de autopercepción debilita la representación genuina, en especial a la hora de dar cuenta sobre las necesidades del sector, cuando sólo las PAM autopercibidas como tales, pueden cubrir esas expectativas. Es por ello que resulta indispensable la organización de una legislación que complemente la declaración de carácter constitucional de la Convención Interamericana de DDHH de las Personas Mayores, promulgando una ley que reglamente su efectivo cumplimiento, a través de organismos que desarrollen las políticas públicas necesarias.
PROYECTO DE LEY UNIFICADORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES
Creemos importante destacar la necesidad de la creación por ley de la Nación, de un Ministerio de las Personas Adultas Mayores (PAM) en el cual se otorgue presupuesto para integrar la gestión de todas las políticas referidas al sector. Asimismo, y entendiendo que sólo quienes hemos transitado esta etapa etaria nos encontramos en condiciones de hablar u opinar sobre la misma, se cree necesaria la creación de Concejos asesores territoriales de PAM, creados mediante elecciones democráticas producidas mediante un padrón de ciudadanos de más de 60 años. Estos concejos permitirían asesorar a las distintas gestiones en términos de vivienda, salud, alimentación y educación para las PAM, contando con voz y voto en los gabinetes correspondientes. En ellos se asesoraría sobre temas como la defensoría en la regulación de haberes jubilatorios, la provisión de alimentación básica, medicamentos, asistencia médica y cuidados a quienes lo necesitaran y control de los organismos que administran los aportes y la seguridad social y que garantiza el sistema solidario vigente. Asimismo, y por razones de respeto a la diversidad y resistencia al
edadismo, se propone modificar en la legislación vigente los términos “adultos mayores” por
“personas adultas mayores”, “trabajadores adultos mayores” por “personas trabajadoras adultas mayores”, “vejez” por “adultez mayor”, y “envejecimiento” por “desarrollo vital de la persona mayor”.
Agradeciendo la oportunidad de colaboración, nos despedimos hasta el próximo año, con la esperanza de que nuestras recomendaciones iluminen las decisiones de quienes tienen en sus manos el destino de la Patria.
Comisión de Violencia Institucional
Se coincidió en que todo proceso de pérdida de derechos, como el actual, necesariamente viene de la mano de la represión de la protesta social.
En ese sentido, se observó que el gobierno actual intenta legitimar la represión de la protesta estigmatizando a quienes protestan como "delincuentes", metiéndolos presos y generando temor de participar en una protesta. Y que para esa tarea cuentan con la complicidad del Poder Judicial. Asimismo, se expuso lo que está ocurriendo en Tucumán, que se tomó como un "laboratorio" de acciones que podrían expandirse porque tienen explícito aval del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de razzias denominadas "trencito" por el propio Jefe de Policía de Tucumán, en donde decenas de móviles policiales en "trencito" ingresan intempestivamente a barrios populares y detienen masivamente a vecinos y vecinas por el sólo hecho de vivir ahí. Se llevan de a cientos de personas detenidas por cada operativo. A los detenidos, los tienen en comisarías y les piden plata como "coima" para dejarlos en libertad sin abrirle sumario. Todo esto sistematizado y avalado por el Jefe de Policía. En el último operativo, se dio un paso más al ingresar al interior de las viviendas sin orden judicial y robarse cosas de la gente, al estilo de la dictadura cívico-militar. Se mencionó que estos operativos que suceden en Tucumán se quieren legalizar a nivel nacional a través de la llamada "Ley Antimafia" que ya tiene media sanción de diputados y dictamen de comisión en el Senado. Justamente ese proyecto estipula crear zonas en donde la policía pueda actuar como si estuviera en un Estado de Sitio, deteniendo gente para identificar e ingresando a domicilios sin orden judicial. Lo mismo que "el trencito" tucumano, pero para todo el país. Se mencionó como preocupación que estos operativos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos obtienen aval de las clases medias urbanas porque en la estadística criminal de delitos contra la propiedad, logran bajar la criminalidad, al menos en Tucumán utilizan esos números para justificar las acciones policiales.
En otro orden de cosas, se puso en evidencia otro tipo de violencia institucional que está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia que son las causas armadas a "perejiles" con el fin de "resolver" casos graves (homicidios, violaciones, etc.). La policía, con complicidad del Poder Judicial, señala como culpables a personas pobres, sin recursos, que son encarceladas acusadas de delitos gravísimos que no cometieron. Se pusieron ejemplos concretos de familiares, tanto de los "perejiles" como de familiares de las víctimas de los delitos graves, que quedan impunes.
Varios de los oradores hicieron mención también a las calamitosas condiciones de detención, con hacinamiento. Puntualmente, se mencionaron los casos de la Ciudad de Buenos Aires (en las comisarías) y de Tucumán, pero sería extensible a la mayoría de las provincias.
Surgió, asimismo, advertencias por juicios por jurados populares en donde se absuelve a los policías y se pidió que los juicios por violencia policial sean resueltos por jueces técnicos.
También se expresó preocupación por el proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad y el mayor riesgo que eso tendría contra los adolescentes de barrios populares, teniendo en cuenta cómo y con qué violencia está actuando la policía en esos barrios.
Finalmente, se puso en alerta que en el Congreso se encuentran con grados de avance proyectos de ley que agravarían la situación de violencia institucional: la Ley Antimafias, la baja de edad de punibilidad y la modificación del Código Penal para "justificar" los casos de gatillo fácil y que no sean punibles.
Comisión de Diversidades
EJES:
1- Salud: ley integral de VIH, hepatitis, Tuberculosis e ITS y salud integral,
2- Reforma judicial transfeminista: discursos de odio y violencias, travesticidios, triple lesbicidio de barracas.
3- Reconocer es reparar, cupo laboral travesti-trans, ley de identidad de género y DNI no binario.
EJE 1:
Recorte y ajuste a programas y medicación para personas con VIH, TBC, Hepatitis, etc. Faltante de preservativos a nivel federal.
Cambio de esquema de medicación y de calidad de la misma, por decisión del gobierno nacional, poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas.
Es un Genocidio planificado por parte del gobierno nacional, necropolíticas, políticas de muerte, de crueldad.
Reivindicar las identidades travestis-trans, dar la discusión intracomunitariamente ya que el sistema liberal disocia las luchas y borra las identidades forjadas históricamente y que actualmente no todas las personas del colectivo LGBTTINB+ se sienten parte.
Salud integral, luchar por un sistema de salud que tenga esta perspectiva permite tener mayor conciencia de cómo en la salud intervienen aspectos sociales, económicos y ambientales que conllevan a la falta o no de salud.
Faltante de reactivos en Esteban Echeverría, Tigre, Lomas de Zamora, La Matanza, entre otros distritos.
Cuerpos siliconados y con aceite, intervenciones quirúrgicas caseras y la amenaza contra nuestrxs cuerpos - territorios como trincheras de resistencia y lucha.
Los números de contagios de ITS se incrementaron por falta de políticas de prevención e información, las provincias del NEA no informan los datos epidemiológicos haciendo más hostil la problemática.
Salud mental, gran índice de problemas de salud mental (ansiedad, estrés, consumo problemático, etc.) en nuestra comunidad. Saqueo hacia nuestro sistema de salud y políticas de exterminio.
Proyecto preservativos para cuerpxs con vulva. Recuperar esa iniciativa y repensar no en virtud de la penetración.
Altos niveles de violencia en todos los niveles de atención de la salud hacia las personas de nuestra comunidad.
EJE 2:
En este contexto de políticas del descuido pensar en profundizar las políticas que se lograron con los gobiernos de Néstor y Cristina, se hace difícil. Proponer y consolidar nuevas políticas públicas en dónde nuestra comunidad pueda adquirir mayor representación política.
Generar mayorías que sean plenamente conscientes de la importancia de los derechos conquistados.
El triple lesbicidio de barracas es un hecho social que refleja cómo la violencia institucional que ejerce Javier Milei se recrea en el exterminio sistemático hacia nuestros cuerpos - territorio. Nos están matando y el estado nacional es cómplice, nos matan por ser lesbianas, putos, travas y porque de esa manera ejercen un disciplinamiento social.
Una herramienta que tenemos es el amparo colectivo, pero es necesario una reforma judicial con perspectiva transfeminista que no mire para otro lado antes vulneraciones de derechos que son reflejados en la constitución nacional.
La justicia no aplica la misma vara para líderes y figuras políticas varones y mujeres. Tanto a Milagro Sala como a Cristina Fernández de Kirchner las juzgan varones misóginos cómplices con sectores político económico y mediático que planifican estas embestidas.
Ningún sector de la sociedad tiene buena experiencia con la justicia, salvo que sea un sector económico millonario.
Construcción del sentido, dar la batalla cultural para lograr un sentido que refleje la identidad popular, un proyecto de vida en donde la comunidad se pueda realizar, que se discuta la redistribución de las riquezas en los sectores populares/obreros.
Ataque a travestis, por su identidad, por su país de origen, y por su sector popular. Los ataques xenófobos en un contexto donde los discursos de odio se profundizan.
El próximo gobierno popular no arranca desde cero respecto a la conciencia popular y las batallas que se deben dar, la construcción y el armado de la nueva gestión debe encontrar una comunidad organizada que planifique la gestión para dar respuestas a los problemas que va a dejar el gobierno nacional actual.
Hay que posicionarse bajo el paraguas de los derechos humanos como el lugar que nos va permitir dar las discusiones y batallas actuales y futuras. Achicar las barreras entre las políticas sociales y la comunidad, crear territorialidad y reconocer nuestra valía como cuerpos - territorios que resisten y resistirán.
Cuestión migrante, entender a nuestro país con un alto grado de racismo y xenofobia y procurar la deconstrucción hacia una argentina plurinacional, antirracista y anti xenofobia.
Construir desde el amor y no desde el odio. Contribuir al feminismo desde la disrupción del cis-tema y transformar con la premisa de que nuestras identidades son políticas, reparar nuestras trayectorias de vida, atravesadas por la exclusión y el exterminio sistemático.
EJE 3:
Ley reconocer es reparar, actualmente perdió estado parlamentario en la provincia
de buenos aires y en la nación. Nace para pedir una reparación para las sobrevivientes de la persecución del Estado (códigos, contravención), vestimenta y prostitución.
Exigir a la provincia y los municipios que actualmente están cumpliendo mandatos y que accedieron por los votos del peronismo, que se diferencien de nación, y que reglamente la ley de cupo laboral, o continúen la tarjeta alimentar o el acompañar por ejemplo.
El cupo laboral travesti-trans es una ley reparatoria, que viene a saldar la deuda que tiene el estado con la comunidad travesti-trans en argentina no debe perderse la visibilidad y la importancia que debe tener.
El no acceso a la vivienda de las personas travestis es una problemática que se arrastra históricamente y se profundiza en un contexto de crisis económica.
Hay que continuar por el camino que inició Lohana Berkins, tomando el ejemplo de lucha, valentía y coraje que tuvo para cuestionar al patriarcado.
Validar y visibilizar las luchas de nuestros pueblos originarios, repensar nuestro vínculo con el territorio, la soberanía alimentaria y la amenaza del cambio climático, el extractivismo y la relación capital - vida.
Repensar la prostitución y como que el trabajo sexual sigue siendo la única alternativa para las personas trans. Crear alianzas y tejer estrategias que sean salvavidas, que sostengan la creación de un proyecto de vida saludable; sostener y reconstruir espacios e instituciones claves para nuestra supervivencia.
Comisión Juicios de Lesa Humanidad. “Por suerte, están los Pueblos”
Frente al atraso y demoras de juicios que implican fallecimiento de víctimas, testigos e imputados que mueren impunes. Se proponen acciones de impulso:
Acción colectiva nacional para exigir a la Corte la convocatoria de la Comisión Interpoderes con fecha probable 22 de abril de 2025.
Acción de visibilidad nacional para el cumplimiento de los 50 años del Operativo Independencia con fecha probable entre el 5 y el 9 de febrero del 2025.
Exigir celeridad de los juicios para condenar a los responsables, reconstruir la verdad saber el destino de lxs desaparecidos, encontrar a lxs nietxs apropiados.
Insistir con acciones que contrarresten los discursos negacionistas, sobre los horrores cometidos durante la dictadura que tuvo por objetivo la implementación de un plan económico perjudicial para las mayorías que hoy se reedita.
Sostener el trabajo articulado con investigadorxs que aportan en juicios relacionados con responsabilidad empresarial. Fortalecer los testimonios de contexto en juicios con defensas hostiles.
Retomar el trabajo de investigación en las universidades para que estudiantes tengan la posibilidad de sumarse a esos espacios de formación.
Incidir en los espacios sociales a través de trabajo articulado en territorio con testigos en condiciones de vulnerabilidad frente a los responsables empresarios.
Impulsar acciones de sensibilización con las juventudes comprometidas para transmitir a las nuevas generaciones lo que implicó la última dictadura cívico militar.
Repensar la educación con las juventudes involucradas en la tarea para que puedan ser escuchada en sus necesidades. Incluyendo herramientas como las nuevas tecnologías.
Analizar las formas de comunicación en la prensa para superar dificultades a la hora de transmitir los hechos de mayor importancia relacionados con MVJ
Llevar adelante acciones articuladas con los centros de estudiantes, docentes y espacios de formación docente para transmitir lo sucedido y las consecuencias de la dictadura.
Proponer en los procesos judiciales estrategias que permitan incluir a las víctimas cuyos casos no fueron incluidos en juicios.
Sumar acciones para contribuir con el control de prisiones domiciliarias en las jurisdicciones.
Tomar parte de instancias de articulación federal para llevar acciones coordinadas a todas las provincias.
Comisión de Salud Mental y Derechos Humanos
La comisión de Salud Mental del VIII Encuentro Federal de DDHH hace un llamado al campo de la Salud Mental de la Argentina y a la sociedad en su conjunto para reconstruir un diálogo democrático, respetuoso de las diferencias y que ponga límites a la violencia emanada desde las altas esferas del gobierno nacional, pues se corre el riesgo que tienda a naturalizarse en ciertos sectores de la sociedad.
La crueldad se instrumenta en las nuevas formas del lazo social donde no se tiene en cuenta al otro en su condición de sujeto, dejándolo en un lugar de sometimiento al punto de pretender su destrucción. Se naturaliza el malestar instalándose una cultura de la mortificación.
Son momentos de incertidumbre en gran parte de la población. El desmantelamiento de toda política pública, poniendo a quienes lo padecen como los responsables de esa situación, también es un modo de ejercer la crueldad.
El trabajo con las y los jóvenes nos permite recoger su preocupación ante tanta violencia y su impacto en la salud mental. Es necesario escuchar a los jóvenes, no dejarles solos, y construir con ellos a partir de sus propuestas.
La ausencia, en buena parte del país, de programas específicos de asistencia en salud mental para las infancias, es violatoria de los derechos humanos de los niños y niñas. Ello, además, desemboca en un abuso de la medicalización y las internaciones prolongadas
Remarcamos la importancia de promover una salud comunitaria y participativa, reflexionar en compañía, construir desde problemas compartidos, reforzar los lazos sociales y recuperar el valor de la palabra.
Es importante poder salir del enojo y poner las ideas y experiencias en actos, renovar las preguntas frente a lo que se viene, con memoria pero sin nostalgia.
Nos sostenemos en el trabajo colectivo y en el reconocimiento a quienes han transitado una vida de compromiso con la salud mental y los derechos humanos de nuestro país.
Finalmente, se coincidió en la importancia de seguir generando espacios de discusión, y sostener la plena implementación de la ley nacional de salud mental hoy más que nunca.
Comisión de Archivos y Espacios de Memoria
Se señaló la necesidad de pensar las problemáticas de los archivos y espacios de manera situada en un contexto crítico más amplio, a nivel nacional e internacional: no se puede abordar estos ámbitos escindidos de la coyuntura política que atravesamos. En este sentido se realizó un balance de las experiencias recorridas y se hizo referencia a la gravedad de la situación de las políticas públicas y los graves retrocesos en instituciones nacionales en términos de desfinanciamiento, desmantelamiento, pérdida de acceso a información previamente accesible, pérdida de puestos de trabajo, enorme deterioro de las condiciones generales, como es el caso del Archivo Nacional de la Memoria, los Espacios de Memoria dependientes de Nación y el área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, que fue directamente desarticulada. Se abordaron experiencias específicas de la provincia de Buenos Aires, de varios de sus municipios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de La Rioja, Córdoba, San Luis, Corrientes y Chaco. Se ahondó en las particulares dificultades que se encuentran en jurisdicciones con gobiernos hostiles a las políticas de derechos humanos.
Se insistió en el fortalecimiento del trabajo en redes, pensadas en sentido amplio, que permitan articular jurisdicciones, instituciones, ámbito público – sociedad civil, distintas disciplinas.
Se subrayó la importancia de la construcción desde lo local, lo comunitario, el territorio. En este sentido apareció como clave retomar lo aprendido de otros períodos desfavorables para el campo popular e incorporar esos repertorios adquiridos en momentos de avance.
Surgió la necesidad de robustecer la reacción ante embates violentos a estos espacios y a militantes de derechos humanos por arriba y por abajo, desde sectores que reivindican el terrorismo de Estado: tomar conciencia, hacer llamamiento a dirigencia política y social para un mayor involucramiento en estos casos.
Se compartieron estrategias y herramientas de respuesta y resistencia ante este contexto. Se habló de la necesidad de avanzar con las cuestiones pendientes en el plano legislativo (generar estructuras sólidas, de largo aliento, amparadas por ley y con pisos presupuestarios mínimos). También se compartieron experiencias de presentación de recursos amparo y medidas cautelares. En el plano internacional, se destacaron las estrategias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), planteándose las expectativas que esas gestiones pueden generar.
Sobre las presentaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la CIDH, se espera que se efectúe un pedido de informes al Estado argentino y, de máxima, un pedido de visita, que constituiría un hecho político fundamental, tanto si es aceptada como si es rechazada por el gobierno nacional. Se espera también generar presión internacional de otros Estados que valoran el proceso de Memoria, Verdad y Justicia de nuestro país, ponderado a nivel mundial. El problema en este punto es que no existe plazo para que Argentina responda y se puede dilatar indefinidamente.
Se ahondaron experiencias en torno a la intención de enajenar terrenos que corresponden a sitios de memoria (casos de Campo de Mayo en Buenos Aires, Perla Chica en Córdoba y RI9 en Corrientes), protegidos por ley, mediante decreto 950/24 del gobierno nacional. Se analizaron las estrategias de respuesta mediante presentaciones judiciales y se planteó como estrategia posible e interesante el recurso ante el fuero contencioso administrativo federal, insistiendo en la urgencia del caso.
En el caso de Chamical, La Rioja, se destacó la potencialidad de trabajar en articulación con sectores de la Iglesia en el marco de algunos avances impulsados por el Papa Francisco en términos de acceso a los archivos eclesiásticos.
Se dejaron planteadas dos preguntas y desafíos para continuar trabajando en conjunto: ¿cómo nos preparamos para los 50 años del golpe en un contexto como el actual?, ¿cómo nos acercamos a les jóvenes para conocer sus recorridos y experiencias actuales e interactuar con ellas, sin pretender transmitirles un discurso unidireccionalmente que se puede recibir como ajeno, distante e impuesto?
Se insistió en el rol protagónico de estos espacios en la batalla cultural. Los archivos y espacios, en conjunto con la totalidad de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, son cruciales para combatir el neoliberalismo y no se deben soslayar por lo crítico del contexto en términos materiales, sino todo lo contrario.
Se realizó una convocatoria para 2025: un encuentro de archivos y espacios de memoria de la Provincia de Buenos Aires, con invitación abierta a instituciones del resto del país, para continuar profundizando la agenda y los debates.
Comisión Universidad y Derechos Humanos
La movilización de los actores universitarios y el apoyo social en defensa de la educación pública durante 2024 son el marco para discutir el rol de la universidad en la enseñanza, investigación y extensión en Derechos Humanos. Proponemos debatir algunos núcleos temáticos de interés permanente para las universidades a la luz del contexto actual:
Universidades Territorializadas. Temas para una agenda de DDHH actual sobre problemáticas sociales.
Universidad y debates sobre DDHH. Intervenciones desde la universidad sobre los discursos que deslegitiman los DDHH.
Curricularización en DDHH. La enseñanza y el entramado institucional de DDHH en la vida universitaria.
Comentaristas: Liliana Elsgood, UNDAV; Walter Bosisio, UNAJ.
Docentes, no-docentes, estudiantes y representantes sindicales de todos los niveles educativos de diferentes partes del país, reflexionamos y debatimos sobre la situación del ámbito educativo, centrándonos en las acciones que libramos este año y en los temas que nos proponemos trabajar en común.
En ese marco reafirmamos la unión en la defensa de la educación como un Derecho Humano, un bien social y público donde el Estado es y debe ser garante. Destacamos la necesidad de discutir no sólo sobre la situación de las universidades, sino de manera más abarcativa, la situación de la educación y los DDHH en todos los niveles.
En el marco de las vulneraciones y violaciones múltiples de derechos padecidas en este año, acordamos que debemos reforzar y seguir construyendo más unidad en la lucha contra la precarización generalizada que busca una mercantilización del sistema educativo. Dar las luchas de manera unificada implica en las universidades el trabajo interclaustros, pero también con actores sociales y políticos locales. Por ejemplo, a través de mesas de trabajo organizadas de manera permanente o fortaleciendo vínculos entre estudiantes y territorio a través de prácticas, voluntariados, etc.
Reconocemos que un gran desafío para lograrlo es enfrentar la desmovilización que producen los niveles de despojo y saqueo material (muchos integrantes de nuestras comunidades sufren vulnerabilidades diversas, son trabajadores y trabajadoras pobres, etc), y también simbólico, en un mundo con subjetividades cambiantes.
La mercantilización de la educación es el objetivo del gobierno, y por eso se presenta como prioritaria la discusión del derecho social a la educación. Encontramos que se encuentra en riesgo la obligatoriedad del Estado de proveer educación en todos los niveles. Así, a la par de construir más memoria para enfrentar los negacionismos y las reivindicaciones del genocidio dictatorial, hay que trabajar con la memoria de las luchas sociales por el acceso a la educación.
La construcción de sentidos políticos en los espacios educativos, así como la participación en los debates institucionales, son herramientas fundamentales para enfrentar las políticas que cuestionan el derecho a la educación.
De cara a la construcción de nuevos sentidos políticos, resulta necesario trabajar con ciertos contenidos del sentido común que se han instalado. Entre ellos, la “objetividad” como criterio científico es operacionalizada a través del sentido común para deslegitimar la acción en DDHH, y es utilizada como herramienta de persecución. El uso de la idea de adoctrinamiento como acusación o el cuestionamiento al financiamiento de la universidad para que sea gratuita, también han permeado en la sociedad. Modificar estos sentidos implica recuperar la nominación de la educación no sólo como pública, sino también como estatal, y revalorizar el sentido de lo popular diferenciándolo del populismo entendido como demagogia.
En términos de los debates institucionales, uno de los temas estratégicos es continuar avanzando en la incorporación de los DDHH en las carreras universitarias, preuniversitarias y en la formación docente. En el ámbito universitario se avanzó en los últimos años a través de normativa del CIN. Por otro lado, en los Institutos de Formación Docente (Nivel Superior a cargo de las provincias) se avanzó con una serie de Resoluciones del Consejo Federal de Educación (476/24, 477/24, 483/24) que buscan cambios de diseño no acordes con la Ley Nacional de Educación ni la perspectiva de derechos humanos y sistemas de evaluación que pueden cerrar carreras o negar titulaciones a los alumnos. En la Provincia de Buenos Aires, se cuestiona ambas iniciativas y el cambio en los diseños curriculares busca que la Educación Sexual Integral, la Interculturalidad, el Ambiente y los Derechos Humanos sean ejes transversales en los diseños que forman docentes. Asimismo, es importante involucrarse en las discusiones sobre las reformas de los diseños curriculares y los sistemas de evaluación en la escuela media. Esta tarea presenta un doble desafío: fortalecer la perspectiva de DDHH e impedir que sigan avanzando los proyectos educativos basados en las capacidades, las evaluaciones estandarizadas como las PISA, etc.
La lucha por más presupuesto educativo continuará siendo una problemática central en 2025. El tema presupuestario afecta no sólo la precarización laboral y la pérdida salarial, sino también el desarme de carreras humanistas y sociales, y la reforma de planes de estudio con una mirada economicista.
Tal como quedó demostrado este año en las históricas marchas por la educación pública y el sostenimiento de los planes de lucha, será necesario profundizar la unidad de frentes sindicales; multiplicar Centros de Estudiantes Secundarios y seguir activando los universitarios; multiplicar programas, proyectos, acciones de investigación y de vinculación desde el paradigma de DDHH en los territorios y comunidades que habitamos.
Una de las problemáticas específicas debatidas en el marco de la comisión fue la reforma de los profesorados en CABA. Se propone para los próximos encuentros de la Red Federal de Derechos Humanos retomar el trabajo en una comisión más amplia sobre educación y DDHH.
Comisión Pueblos Originarios
Avances y retrocesos: el péndulo del Estado a 30 años de la reforma que reconoció los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional.
Presentación de la jornada a cargo de Nehuen Sosa, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de asuntos indígenas (CPAI)
Panel:
Políticas públicas indígenas avances y retrocesos: un recorrido desde la reforma Constitucional a hoy.
Mecanismos de exigibilidad judicial y extrajudicial.
Sistema Interamericano y Universal de DDHH y su relación con los derechos indígenas en Argentina.
Conflictos territoriales de ayer y hoy.
Coordinador: Alexis Papazian de UNIPE / FLH e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena
Expositores:
Martin Plaza: Pueblo Diaguita Kallchaqui, Salta. Abogado, ex Director Nacional de ReTeCI y ReNaCI del INAI.
Ñushpi Quilla MayhuayAlancay: Pueblo Kolla. Abogada, responsable del Área de Pueblos Indígenas de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos (Mendoza).
Paula Alvarado Mamani: Pueblo Kolla, Abogada, Docente UBA.
Armando Quispe: referente del Pueblo Kolla, de la puna jujeña.
Cristina Pérez: Pueblo Wichí, Salta. Presidenta Asociación LhakaHonhat, asociación de comunidades de Santa Victoria Este, Salta.
Gabriel Jofre: Pueblo Mapuche, Mendoza. Werken de la organización identidad territorial malalweche pueblo mapuche en Mendoza
Matías Melillan: Pueblo Mapuche, Neuquén. Comunicador mapuche.
El negacionismo y racismo estructural en la política de Estado.
Coordinadora: Analía Noriega Fundación Napalpí / Consejo provincial de Asuntos indígenas de la provincia de Buenos Aires.
Del Genocidio al Negacionismo y racismo cotidiano
Silvana Pérez: Psicóloga, Especializada en psicología Forense. Ex Secretaria de DDHH y Géneros de la Provincia del Chaco.
Zulema Enríquez: Periodista y docente quechua. Directora de Diversidad y Prácticas Identitarias del Instituto Cultural Provincial
Marcelo Luna: Pueblo Wichi, Chaco. Referente del Impenetrable chaqueño y docente.
Mujeres indígenas y territorio
El rol político de las mujeres en la política pública y en sus comunidades. Feminicidios Indígenas.
Mariela Tulian: Pueblo Tulián, trabaja en la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la provincia de la Rioja.
Mirta Millan: Pueblo Mapuche, Provincia de Buenos Aires. Docente, Licenciada en Artes Visuales.
Vanesa González del Pueblo Qom, Chaco. Docente y referente de la Fundación Napalpí.
Conclusiones
La comisión se caracterizó por una representación federal, de diversos pueblos y referentes indígenas. Entre los temas abordados se concluyeron en los siguientes:
Preocupación y consternación por la situación del INAI y las políticas públicas indígenas. Conseguidas por la lucha del movimiento indígena y sus organizaciones.
Repudio a la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). El presidente del INAI, Claudio Avruj mediante la Resolución 53/2024 eliminó un registro único en el país, herramienta para el ejercicio de los derechos de los Pueblos Originarios.
Situación actual de los pueblos indígenas en las provincias
Mendoza, a la vanguardia y cómo laboratorio en el avance del negacionismo contra los pueblos indígenas. En el año 2023 podemos observar estas acciones en contra del pueblo mapuche:
En febrero el gobernador Cornejo denuncia a funcionarios del INAI por traición a la patria por 3 relevamientos realizados en esa provincia.
En abril la Legislatura Provincial mendocina resuelve que: “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
En junio, el gobierno acude a la corte suprema de la nación para anular 3 relevamientos realizados en esa provincia.
En abril de 2024 el INAI en acuerdo con la provincia reabren administrativamente los expedientes de relevamiento territorial de comunidades indígenas y los de personerías jurídicas, para su revisión.
El Pueblo Huarpe aún es reconocido por la legislación provincial pero enfrenta los mismos incumplimientos en el ejercicio de sus Derechos que el Pueblo Mapuche.
Jujuy: en el año 2023 se sancionó la reforma de la Constitución Provincial. Dicha reforma fue rechazada por diversos sectores de la Provincia, las comunidades indígenas se movilizaron masivamente denunciando el avasallamiento de sus derechos. Las enormes movilizaciones de las comunidades fueron ferozmente reprimidas. Frente a esto, organizaron el Tercer Malón de la Paz, movilización de las comunidades de toda la provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma concluyó en un acampe en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se creó por Decreto una comisión investigadora para recepcionar denuncias por violencia institucional. Hoy, a un año de eso, continúan desalojos, represión y persecución judicial y policial a los referentes de las comunidades.
Salta: en esta provincia existe un Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Lhaka Honhat vs Estado Argentino”). Desde este año, 2024, no hubo avances en el cumplimiento de la sentencia, a su vez hay otras situaciones denunciadas por las comunidades en relación a acceso al agua y alimentos, sin respuesta de los organismos del Estado Nacional obligados a cumplir la sentencia.
Chaco: desde la actual gestión se observa un abandono estatal a los pueblos indígenas en relación a la suspensión de los operativos de salud y asistencia alimentaria en el marco de sentencias judiciales que obligan a cumplirlos. La utilización mediática y partidaria del Femicidio de Cecilia Strzyzowski, permitió el vaciamiento y eliminación de las políticas públicas destinadas a sectores de extrema vulnerabilidad económica, cómo son las Comunidades. En la actualidad, la represión a la protesta indígena, está invisibilizada por los medios de comunicación de la provincia.
En el sur del país las provincias de Rio Negro, Neuquén y Chubut denuncian también persecución estigmatización sobre el pueblo mapuche y la imputación en causas armadas.
Ante lo expuesto se acuerda en la necesidad de trabajar en un frente político de indígenas y no indígenas que reconozca la diversidad cultural y no tenga miedo al concepto de plurinacionalidad, para ello se puede trabajar en función de ejemplos de otros países. No es posible seguir con legislaciones y política pública sin presencia indígena.
Habiendo analizado las herramientas internacionales con las que se cuentan se plantea la necesidad de trabajar en conjunto con los sindicatos y organizaciones sociales. Centrales de trabajadores, cómo la CTA acompañan los reclamos en instancias internacionales y se está trabajando en capacitaciones en el convenio 169 OIT.
En nuestro país se reconocen 50 Pueblos Originarios, casi 2000 comunidades. Los medios de comunicación ejercen una campaña de desprestigio de las políticas públicas logradas con la lucha, afloran discursos de odio y estigmatización y parte de la llamada “batalla cultural” del gobierno consiste en el negacionismo de las masacres y existencia de nuestros Pueblos Originarios.
Las mujeres indígenas siguen invisibilizadas pero organizándose desde los territorios.
Los sistemas de salud necesitan tener una perspectiva indígena, hay un conocimiento de plantas ancestrales que la industria las patenta y excluye a los Pueblos Originarios y sus saberes.
El Estado nacional niega la realidad, niega a los pueblos indígenas, busca homogeneizar la sociedad, invisibilizando su existencia. En ese sentido el 12 de Octubre dejó de llamarse oficialmente “Día de la Diversidad Cultural”.
Se planteó la preocupación por unas declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; dónde prometía derogar la Ley 26160. Días después del Encuentro Federal, el Día Internacional de los Derechos Humanos; el Boletín Oficial publicó el DNU que deja sin efecto la última prórroga de la Ley. Constituyendo el más grave retroceso de derechos indígenas desde el retorno de la Democracia.
La Ley volteada, otras leyes y políticas públicas logradas con la lucha y las sentencias históricas en los juicios por la Verdad por las matanzas de Napalpí y Rincón Bomba (que sientan jurisprudencia y generan otras demandas similares) han sido logros del movimiento indígena que este gobierno quiere borrar de un plumazo, haciendo retroceder el tiempo y yendo contra la Constitución Nacional sancionada en 1994.
Nuestro Estado Nacional se fundó en el marco del genocidio a los pueblos indígenas, su explotación y quita de tierras. La lucha por los DDHH debe incluir las reivindicaciones de los Pueblos Originarios.
Memoria, Verdad, Justicia y Territorio
Comisión Identidad. “Dos historias, un mismo derecho”
Herramientas para la consolidación del derecho a la Identidad, logros y deudas.
La mesa estuvo conformada por los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo -Claudia Domínguez Castro y Daniel Santucho Navajas- y por Judith Alexandre quien, habiéndose hecho eco de las preguntas sobre su origen que habilitaron las Abuelas en nuestra sociedad, inició prontamente su búsqueda y la sostuvo hasta que -por medio de herramientas nuevas administradas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)- fue recontactada con su madre biológica.
Claudia ofició de moderadora aportando su percepción y experiencia tanto en su carácter de nieta restituida como en su rol de referente del nodo de Mendoza de la Red por el Derecho a la Identidad, desde donde, semana tras semana, recibe consultas de personas que quieren saber sobre su origen biológico. En su exposición quedaron expuestas las problemáticas y los desafíos actuales sobre los que, luego de los testimonios de Daniel y de Judith, se pudo intercambiar con los y las sesenta participantes que colmaron el aula.
Participaron del intercambio -y comprometieron sus acciones en pos de un trabajo común- representantes de las siguientes organizaciones:
Abuelas de Plaza de Mayo,
Direcciones de DDHH de los Municipios de: Las Heras, Morón, José C. Paz, Avellaneda, Florencio Varela, Temperley, Lanús, San Miguel, Ituzaingó, La Matanza
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles de: Colegio Nacional Carlos Pellegrini (CABA), UNICEN (Tandil), UNICEN FACSO (Olavarría).
SUTEBA (Garin, Escobar)
Organizaciones: Frente DDHH “Carlos Miguel Lealtad” (Mar del Plata), 26 de Julio (La Rioja), Comisión por la Memoria (Boedo, CABA).
“Caminos de Identidad Biológica” Programa Radial.
Claudia se presentó como nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo, hija de Walter Domínguez y Gladis Castro, ambos desaparecidos, y como colaboradora en la búsqueda de nietos y nietas desde su provincia de Mendoza. Con el objetivo de compartir las experiencias y herramientas de trabajo en este encuentro federal, Claudia detalló su recorrido: inicialmente incorporada al MEDH en tareas de difusión y capacitación -además de llevar adelante actividades con Abuelas-, luego se hace cargo de la misma. Ese espacio queda integrado también por las compañeras Alicia y Margarita con quienes actualmente conforman el Nodo Mendoza de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. El nodo funciona actualmente en el Espacio Para la Memoria Ex D2 y se persigue el objetivo central de la visibilización pero también la meta de multiplicar las tareas y proyectarse como estructura similar a la de las filiales de Abuelas, ya que en Mendoza existe gran demanda de personas con dudas sobre identidad, y es un gran foco de derivaciones a nivel local y regional. En este recorrido, han logrado articular con el Programa Provincial de Identidad Biológica, actualmente bajo el marco de la Ley Provincial 9182, con la delegación de la Secretaría de DDHH (hasta hoy) y con Instituciones y organizaciones de DDHH, atendiendo el contexto nacional de desmantelamiento que estamos transitando. El objetivo principal de estos cambios es sostenerse y preservarse optimizando recursos o consiguiendo aportes en función de la experiencia que obtuvieron del trabajo de Abuelas.
Claudia reflexiona sobre cómo su proceso de restitución la acercó prontamente a la conciencia social del Derecho a la Identidad: “Al otro día de recibida la noticia de mi restitución, quienes sabían en ese momento que era yo, me mandaron gran cantidad de imágenes y noticias acerca de cómo la gente celebraba y cómo se habían convocado especialmente en Tribunales Federales. Ese hecho me causó un asombro indescriptible. Está claro que esa imagen obviamente era de aquellas que me asombraron como “restituida reciente”, ya que todavía no alcanzaba a dimensionar su valor simbólico y todavía sólo lo asumía como propio. Unos meses después, el 24 de marzo del 2016 acompañé por primera vez a mis abuelas a la marcha. Era la primera vez que iba a una marcha. Y sentí, como decía Galeano, “ese mar de fueguitos”. (…) Mi encuentro era el de toda una sociedad. Ese día empecé a transitar un camino de aprendizaje y colaboración en diferentes espacios, tal vez inicialmente era inconsciente. Tal vez en ese momento fue la propia búsqueda y hoy la de todos y todas, las de nuestros hermanos y hermanas y la de todas aquellas que duden de su origen biológico. De su identidad.”
Luego introduce el valor y la temática de la mesa: “Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar dos historias diferentes de búsqueda pero en síntesis, con finales comunes y sobre todo, deseables. Tal vez de estos dos relatos (ejemplos de tantos otros), podamos comprender el valor del recorrido institucional. Recrear y discutir estrategias frente a los desafíos actuales para sostener y mejorar nuestra tarea, sin olvidar la inmensidad de logros, pero conscientes de nuestras fortalezas y debilidades contextualizadas en el presente. Tenemos en claro que el contexto político es adverso en políticas de DDHH, pero tal vez surja así, la oportunidad de proyectar nuevas acciones en red, nuevas estrategias o nuevas herramientas de búsqueda. (…) Con cada entrevista que tomo me pregunto de qué manera poder acompañar mejor a las personas que se acercan con dudas, o cómo conseguir algún dato que les permita recobrar alguna de sus tantas piezas perdidas. Me conmueven sus dudas, sus miedos y hasta me apena el resultado negativo cuando su necesidad de búsqueda cobró impulso.”
“En este Encuentro Federal de Derechos Humanos tenemos la posibilidad de dimensionar las estrategias y herramientas que utilizamos para tener éxito en nuestros 137 casos resueltos y, a la vez, maravillarnos de los movimientos que paralelamente se convocaron para obtener respuestas del Estado, encausar sus búsquedas con estrategias similares y utilizar algunas de las herramientas que la Institución logró consolidar. Se hizo lo que se pudo, se hace lo que se puede y las deudas se concilian en estos espacios, en los que debemos escuchar y construir. Orígenes distintos, historias diferentes, pero un mismo DERECHO.”
Luego siguen los conmovidos y conmovedores relatos de Daniel Santucho y de Judith Alexandre que nos transportan a cada momento de sus dudas y a cada acción de búsqueda, hasta llegar en ambos casos a encuentros que describen como “felices”, “increíbles”, y “más maravillosos de lo que pudieron haber imaginado”. Ambos se refieren al momento que viven como “una sensación de paz que nunca sentí”.
Daniel se encontró con un padre vivo y tres hermanos/as. Judith se encontró con una madre viva y dos hermanas. Las historias anteriores a sus apropiaciones son distintas, sus vidas fueron distintas, las razones y los mecanismos por los que fueron apropiados son distintos, pero a lo largo de sus testimonios queda evidenciado que la búsqueda los iguala.
“Me di cuenta que nadie me iba a traer la verdad. La verdad la tenía que ir a buscar yo”, recordó Daniel. “Buscar tu historia, tu verdad, con la necesidad de saber qué pasó”, nos explica Judith, mientras enfatiza en la necesidad de que se comprenda que cuando se busca no se busca en contra de nadie sino por la propia necesidad de saber.
“Siempre supe que el camino era Abuelas”, dice Daniel, y agrega “mi mayor temor era el negativo”, es decir que el resultado del análisis de ADN y entrecruzamiento en el Banco Nacional de Datos Genéticos con los grupos familiares de desaparecido arrojara una exclusión, como sucede con los más de 12 mil casos incluidos en el BNDG. Judith, por su parte, convivió con “ese temido negativo” por más de veinte años en los que nunca se permitía dejar de intentar algo nuevo. Ella se analizó en 1997 y el llamado de la CoNaDI con un resultado “positivo” lo recibió en agosto de 2019. Recién ahí supo que su ADN había resultado compatible como hija de una mujer, de quien luego supo que tras años de intensa búsqueda y reclamos, había logrado que se la incorporara al BNDG “por si su hija la buscaba”, gracias a la lucha organizada de mujeres reunidas con la misma problemática: buscar a sus hijos/as de quienes fueron separadas de distintas maneras.
Con estos dos testimonios -que muestran la extensa historia de lucha de las Abuelas y la sociedad que desde el comienzo fue ampliando su compromiso con el Derecho a la Identidad y aun lo sigue profundizando- se inició el intercambio entre todas/os las/os participantes, movidas/os por la seguridad de que cada historia de búsqueda individual es parte de nuestra historia social y a ellas debemos aportar con organización, creatividad, y estrategia.
Acuerdos del VIII Encuentro Federal de DDHH. Iniciativas y puntos de acción comunes en la Mesa Identidad:
1- Importancia de dar a conocer historias particulares de apropiación y de adopciones por fuera de lo que fue la apropiación de bebés por razones políticas para aportar a la construcción social de una historia sociocultural que tiene como sujeto a mujeres en situaciones de maternidad vulnerable.
Concientizar sobre la diferencia entre adopción y apropiación y sobre el conocimiento acerca de una probable irregularidad en ambas situaciones.
Desde cada territorio, invitar a conversatorios a personas que buscan su origen biológico y dar a conocer las distintas herramientas de búsqueda hoy construidas.
Generar espacios de reflexión sobre el Derecho a la Identidad y las distintas búsquedas que en nuestro país se vieron posibilitadas y habilitadas por la existencia y experiencia de Abuelas de Plaza de Mayo.
2- Necesidad de crear y multiplicar espacios de atención y escucha para todas las personas que buscan su origen biológico y para madres que buscan hijos que por distintas circunstancias no crecieron con ellas. “Necesitamos lugares de escucha digna para este tema que duele y cuesta tanto”, manifestó Judith.
Cada espacio ligado a DDHH que hoy existe tiene que estar preparado para alojar este tipo de consultas.
Cada espacio ligado a DDHH debe poder articular y capacitar a otros agentes como los de salud o de desarrollo social, o referentes sindicales o políticos, estudiantiles, delegados, etc. porque una persona que busca historia/verdad puede manifestarla en distintos ámbitos.
Contar con la posibilidad de talleres de capacitación que brinda Abuelas de Plaza de Mayo para la atención de este tipo de consultas y su correcta derivación y orientación.
3- El Derecho a la Identidad debe incluir la accesibilidad de toda fuente de información que pueda aportar datos sobre la historia que se busca construir.
Promover ordenanzas municipales que habiliten el acceso de un particular a libros de parto de maternidades locales. (Tomar como ejemplo el caso de Luján, pcia de Buenos Aires).
Elevar proyectos de digitalización y ordenamiento de ese tipo de archivos -como los libros de parto- para favorecer su accesibilidad.
Fomentar el conocimiento sobre la existencia de toda la documentación que informa sobre el origen y la identidad de una persona y sobre las distintas formas de inscripción. (Dado que no es tan conocido como creemos que cualquier persona puede tramitar su partida de nacimiento en el Registro Civil correspondiente; y se confunden la adopción con la apropiación).
4- Dado que una historia puede haber transcurrido en distintos lugares, se vuelve necesario un trabajo muy bien articulado en red.
Relevar todos los lugares del país que hacen alguna tarea relacionada con esta problemática.
Construir una base de datos con las distintas oficinas, delegaciones, organizaciones, etc que ejecutan alguna de las numerosas y variadas herramientas o gestionan el acceso a algunas de las múltiples fuentes que podrían aportar información a alguien.
Sistematizar todas las ordenanzas municipales y leyes provinciales que puedan aportar al Derecho a la Identidad.
Trabajar coordinadamente compartiendo información para construir estas herramientas comunes.
5- Diseñar estrategias de difusión de esta problemática para favorecer no sólo el acercamiento de personas que tienen dudas sobre su origen, sino de madres que fueron separadas de sus hijos/as (voluntaria o involuntariamente) y para que todas las personas que tienen información la acerquen o se la den a los y las interesados. La identidad es una búsqueda social, no individual.
Continuar con la búsqueda de nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo, es decir aquellos y aquellas bebés que fueron apropiados de forma sistemática por razones políticas.
Sensibilizar sobre la importancia de contar lo que se sabe ante alguien que pregunta sobre su historia.
Sensibilizar sobre la importancia de informar alguna situación de irregularidad o dudas vinculadas al origen biológico de cualquier persona, y el valor del acompañamiento a lo largo del proceso de búsqueda de información.
6- Por y para todo lo antedicho, se acordó un encuentro virtual cada tres meses que servirá de espacio para ir dándole forma y materialidad a todo lo planteado.
A modo de cierre:
Este año otros testimonios nos han permitido reparar en nuevos desafíos, coincidir en nuevas lecturas, comprender otras situaciones y difundir todas las búsquedas. Hemos estado recorriendo las huellas que surcaron las Abuelas, pero siguiendo distintos y alternativos caminos: en esta ocasión pudimos poner en común, escucharnos y enriquecernos. Son las redes que creamos las que nos sostienen siempre y en las peores coyunturas, por lo cual debemos preservarlas para poder ampliar la búsqueda. El movimiento de mujeres que tanto ha logrado irrumpir en los últimos años, habilita mucho más compartir las experiencias dolorosas como las de distintas búsquedas ligadas a variados tipos de filiación. Hoy las voces de las mujeres suman historias, visibilizan hechos manifiestos que antes no se permitían expresar. Hoy podemos visibilizar las violaciones sistemáticas que sufrieron muchas mujeres durante la dictadura, la apropiación y el robo de menores relacionado o no con la desaparición de personas, la irregularidad de las adopciones, el rol que debía asumir una mujer frente a la sociedad tiempo atrás, la privación ilegítima de la libertad a niños niñas y adolescentes, etc. Por lo cual llamamos a tomar conciencia y difundir este nuevo rol social que deberemos asumir para preservar y ampliar este derecho, y los que de aquí en más pudieran surgir. El Estado tiene la obligación de acompañarnos; nosotros/as –como sociedad- tenemos el deber de recordárselo; y como organizaciones sociales y políticas, tenemos la obligación de trazar los caminos como hicieron y nos enseñaron las Abuelas buscando a sus nietos y nietas.
Comisión Trabajo y DDHH
En la comisión de Trabajo y DDHH se trabajó durante toda la jornada en base a tres ejes:
1) Anarcocolonialismo y ataque a las organizaciones sindicales
2) La agenda contra los derechos laborales: el capítulo laboral del dnu 70/23 y la ley bases
3) ¿Cómo contribuir a una alternativa política? Tener en cuenta el rol de los sindicatos y la reconstrucción de la representación de las y los trabajadores a partir de la agenda laboral en los discursos y cartas de CFK
Aportes
1. Necesidad de reconocer el carácter entreguista y extranjerizante del proyecto de Milei y los grupos económicos y a partir de allí confrontar en el plano de la acción sindical y también en el plano de las ideas. La perspectiva de supervivencia del peronismo como alternativa para las mayorías populares depende de esto.
2. Articular con las distintas expresiones sindicales un programa en materia laboral atado a un proyecto productivo y a un horizonte de liberación nacional, que es una deuda que tenemos como proyecto político.
3. El modelo que propone Milei no puede ser exitoso sin un enorme retroceso en materia laboral, por eso la Ley Bases y el DNU 70/23 otorgan amplias capacidades al capital para avanzar en la desregulación laboral.
4. Las transformaciones en el mundo del trabajo exigen creatividad en la organización sindical pero también una nueva estatalidad. Esto no necesariamente significa una “reforma laboral” en el sentido neoliberal, ni tampoco abandonar el modelo sindical argentino, ya que el marco laboral existente permitiría representar las nuevas formas del trabajo si fuera acompañado de la decisión política de regular al capital y la capacidad estatal de hacerlo.
5. Necesidad de caracterizar las transformaciones tecnológicas que amenazan con la destrucción del empleo registrado y la informalidad, y que afectan especialmente a los jóvenes. El trabajo en plataforma puede existir pero debe haber una interpretación creativa y flexible del marco legal existente para contener estas formas de trabajo dentro del trabajo digno.
8. El ataque al paradigma de la justicia social y los derechos humanos debe ser enfrentado por las organizaciones sindicales de forma no corporativa: demostrando que es un principio que permite universalizar la protección del trabajo y no un criterio restrictivo entre quienes quedan dentro de la protección y los excluidos o descartables.
9. La organización sindical debe construir un discurso y una propuesta superadoras de la lógica del individualismo mercantil y el criterio meritocrático que propone el liberalismo.
10. Necesidad de combinar la defensa de los derechos laborales con una agenda legislativa propositiva en base a los proyectos existentes (reducción de la jornada laboral, extensión de los comités mixtos de seguridad e higiene, la negociación colectiva en materia de teletrabajo, extensión de las licencias parentales, entre otros)